El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, hizo público esta mañana el fallo sobre la cuestión prejudicial que le formuló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que le planteaba lo siguiente: Si la Xunta debió poner a disposición del público los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados. El TJUE es la última y definitiva instancia en vía judicial.
“Celebramos que el TJUE se haya pronunciado de una forma tan contundente y taxativa, que da la razón a la Xunta en cuanto a su forma de tramitar los proyectos eólicos, permita poner fin a cinco años convertidos en un desierto industrial en materia de energías renovables, por una parte; y, en paralelo, que este hito judicial suponga un antes y un después en la reactivación y desarrollo del sector en Galicia”, según indica la Asociación Eólica de Galicia (EGA), que insiste en que se trata de una primera valoración de urgencia sin conocer ni analizar el contenido completo de la sentencia. “La claridad del fallo debe llevar a despejar cualquier duda en la interpretación y aplicación de la normativa. Recordemos que hay alrededor de 250 contenciosos, que se corresponden con otros tantos recursos, interpuestos por diversas asociaciones antieólicas, donde se ponen en cuestión facetas de carácter ambiental y no de procedimiento” según añade la entidad.
Hay 92 parques, que suman unos 2.500 MW, con recursos judiciales en curso, de los que 86 tienen su autorización administrativa suspendida por medidas cautelares interpuestas por el alto tribunal gallego; es decir, está parada la práctica totalidad de los proyectos autorizados, según las cifras que maneja la asociación. “Esta parálisis obedece a la posición adoptada por el TSXG, que hizo una interpretación de las medidas cautelares que determinan la práctica desaparición de las energías renovables en Galicia. Porque buena parte de estos proyectos están pendientes de resolución por parte del Tribunal Supremo como consecuencia de la posición del tribunal gallego. Esto se deriva de una interpretación judicial que no se compadece con la legislación vigente ni con la interpretación del Supremo, y ahora confirmada por el TJUE”, afirma EGA, y especifica que el fallo europeo ratifica los previos de la Sala Tercera del TS, de 21 de diciembre de 2023 y 25 de enero de 2024 (sentencias de Corme), y 21 de marzo de 2025 (sentencia de Campelo).
“La declaración del TJUE es, sin duda, un hito que puede desenmarañar la situación, pero no la resuelve de forma inmediata. A los centenares de expedientes que acumula el Superior debería dársele solución en distintos planos. Conviene que las Administraciones Públicas realicen la trasposición pendiente de las directivas europeas del sector sobre el despliegue y aceleración de las energías renovables. España acaba de ser advertida por segunda vez al respecto. Y que adapten la legislación correspondiente, asumiendo la jurisprudencia de las comunidades autónomas, del propio Estado y de la UE, en aras de integrar definitivamente el interés público superior de la energía como prevalente y como una manifestación más del interés ambiental. Solo así se dotará de seguridad jurídica a los promotores, permitiendo a los consumidores finales ver satisfechos sus legítimos intereses y sus bolsillos; o sea disponiendo de energía limpia y barata que cumple con los criterios de la descarbonización y transición energética, el Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París sobre cambio climático, vinculantes para los Estados y Administraciones Públicas”, según afirma EGA.
“Estamos ante una coyuntura de extraordinaria responsabilidad que nos debe aportar seguridad y garantía jurídicas de una vez por todas. Galicia fue pionera en el mundo y desde la pandemia estamos relegados a la nada. Hay en juego más de 10.000 millones de euros y 22.000 empleos, sumando los proyectos industriales y la construcción y explotación de los parques pendientes. De cómo se actúe a partir de ahora dependen la industria y la economía de Galicia, a partir de una energía autóctona y limpia, además de que abarata notablemente la factura eléctrica a todos los consumidores: particulares, pymes y grandes empresas. Ahora o nunca”, concluye EGA.