La Asociación Eólica de Galicia (EGA) no puede entender la contradicción permanente de las instancias judiciales gallegas con las españolas y europeas en relación con los proyectos eólicos que han obtenido las autorizaciones administrativas correspondientes para su construcción y que, por supuesto, cuentan con la debida declaración ambiental. Tras las suspensiones cautelares del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que afectan a más de 90 proyectos y más de 2.500 megawatios (MW) de potencia, tanto el Tribunal Supremo (TS) como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le han dicho al tribunal gallego que los parques están correctamente tramitados por la Xunta de Galicia, organismo que concede las citadas autorizaciones, y que la evaluación ambiental es conforme a derecho. Y ante toda esta jurisprudencia, la sección 3ª de la sala 3ª de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego revoca los permisos de construcción de un parque en Mazaricos (A Coruña).
EGA explica que la última sentencia del TSXG señala que el parque A Ruña III debía haberse tramitado conjuntamente con la línea eléctrica, cuando dicha red de evacuación ya está en funcionamiento. “Es como si quisiéramos hacer un nuevo acceso a la autopista AP 9, que cruza Galicia, y para ello tuviésemos que solicitar una declaración ambiental no solo para el nuevo acceso, sino también para toda la infraestructura en servicio desde hace muchos años. Hemos llegado al colmo del paroxismo, porque la ley gallega permite la tramitación del nuevo recinto tal como se hizo”, según afirma EGA.
En el citado pronunciamiento judicial también se alude, con total indefinición, a la proximidad del parque a la Red Natura, cuando realmente hay 4,5 km de distancia. “En caso de que hubiese la menor sospecha o atisbo de un posible daño ambiental, la Xunta habría rechazado su construcción. Pero no hay tal sospecha. El proyecto cumple con todos los requisitos legales. Sin embargo, los magistrados de la sección lo anulan basándose en un informe privado que ellos mismos califican de abstracto y genérico. Por tanto, la incertidumbre, la inseguridad y la zozobra jurídicas son tales que las empresas estamos atadas de pies y manos en Galicia. Y los grandes perjudicados somos todos, la propia sociedad gallega”, advierte EGA.
Este enredo judicial sin fin -lamenta el sector- provoca que se dejen de crear cada año 2.750 empleos y se dejen de invertir más de 6.300 millones de euros, así como la huida de empresas e industria auxiliar, con la consiguiente ruptura de la cadena de valor. “Galicia no se puede permitir esta inercia destructiva, no puede aguantar cinco años sin avances en energías renovables, no puede soportar un aumento de generación y dependencia de combustibles fósiles, no puede padecer un descenso del 32 % de consumo eléctrico (parón industrial), no puede sustentar un retroceso en las emisiones de gases tóxicos, ni puede retroceder en la descarbonización de la economía. Galicia no se puede permitir arriesgar su progreso sostenible. No puede ni debe”, avisa EGA, que insiste en urgir una política de integración ambiental e industrial para tener energía limpia, sostenible y barata, tal como ya se han pronunciado organizaciones sindicales, empresariales y sociales.
“La interpretación de la legislación no puede quedar al azar ni al arbitrio de cada órgano judicial. Por eso interesa acordar políticas que trasciendan el ámbito local, fundamentadas en la legislación correspondiente que trasponga la directiva europea que otorga el rango de interés público superior a las energías renovables. Esto significa que las fuentes limpias son un bien estratégico que está por encima de otras consideraciones; porque, en última instancia, estamos ante una cuestión de salud pública, de seguridad nacional y de los propios derechos de los consumidores”, tal como explica EGA.
En estos años se ha construido un relato falso en defensa del territorio referido a la energía eólica en Galicia, que se realimenta constantemente. “Pues la realidad es que el territorio gallego es uno de los más protegidos del mundo, por la Red Natura, la Reserva de la Biosfera, el Camino de Santiago, los hábitats prioritarios, las especies vulnerables, las distancias a los núcleos de población, la avifauna y el paisaje, así como los espacios preventivos de la zonificación del Ministerio de Transición Ecológica, que amparan más del 90 % del territorio. “Los proyectos tramitados y autorizados por los funcionarios de las Administraciones Públicas cumplen todas estas condiciones normativas –destaca EGA–; de lo contrario, se rechazan, como así ocurrió con más del 60 % de los proyectos que se presentaron”, apunta EGA.
Por otra parte, mantener activa la cadena de valor es esencial, igual que los servicios esenciales durante el confinamiento. “Galicia llegó a poseer la fábrica de palas más grande de Europa y la mayor parte de las plantas de España, Y aún así mantenemos hoy día el mayor número de empleos y de empresas auxiliares, y somos la comunidad de España que realiza la mayor contribución al PIB. Teníamos los mejores y más cualificados profesionales. Aún hoy se sigue reconociendo la formación de nuestros operarios y directivos. Pero cada vez quedan menos, porque están trabajando en el extranjero donde. ¿Por qué será? Es evidente que el sector agoniza en Galicia. Y languidece hasta tal punto que nuestros empresarios se ven obligados a explorar opciones en otros países donde la apuesta por las renovables es indiscutible”, señala, EGA.
“Estamos ante una moratoria judicial. Pensábamos que las sentencias del Supremo y de Europa desbloquearían los proyectos eólicos. Pero la realidad es que estamos vuelta a empezar una y otra vez. Atrapados en la maraña, estamos perplejos e inmovilizados. Las consecuencias son muy graves”, concluye EGA.