La tramitación ambiental es garantista, debiendo superar rigurosas evaluaciones de una quincena de organismos, añade
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) advierte de que la judicialización de los expedientes eólicos puede llegar a afectar a los 75 proyectos que cuentan con la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y autorización administrativa para su construcción. “El proceso de análisis ambiental es muy garantista, debe superar rigurosas evaluaciones de una quincena de organismos, es decir, los parques necesitan el aval derivado de aplicar la normativa autonómica, estatal y comunitaria con los preceptivos informes. Dependiendo de la complejidad del proyecto, la tramitación transcurre entre cuatro y diez años, donde se invierten muchos recursos privados y públicos”, tal como sostiene la entidad, que quiere llamar la atención de la sociedad gallega sobre los efectos de un “freno” a las energías renovables.
“Estaríamos en una coyuntura de consecuencias catastróficas, ya que se extendería a todo el sector industrial gallego, comprometiendo la viabilidad de los proyectos actuales y futuros que dependen de nueva energía renovable. Este escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica ya genera pérdida de confianza entre los inversores; lo que dificulta la atracción de capital para futuros proyectos en Galicia, tanto renovables como eólicos, dado el efecto de contagio que puede suponer la pérdida de validez de las autorizaciones emitidas por la Administración”, tal como explica EGA.
“Se perderá la oportunidad de impulsar la generación de energía renovable y avanzar hacia la seguridad del suministro energético y la transición energética que Europa prioriza de forma inequívoca, con fondos comunitarios y nacionales; la actividad industrial y económica gallega se verá afectada, dada la importante cantidad de empresas y trabajadores sobre los que impactará; además, muchos de estos proyectos tienen aparejados contratos de suministro de electricidad a largo plazo y a precios competitivos; y la señal que se da a otros sectores energéticos en desarrollo, como la eólica marina, biometano, hidrógeno o almacenamiento es negativa”, añade EGA.
Los proyectos de fábrica de neumáticos, el de fibras textiles, el de grafito para baterías de coches eléctricos y la construcción de plataformas flotantes, así como la supervivencia de Alcoa y todas las industrias electrointensivas, entre otras, “están en riesgo. Hablamos de defender la industria gallega en general, porque toda se vería seriamente perjudicada”, afirma. Por otra parte, EGA añade que se han invertido innumerables recursos y esfuerzos para que Galicia, su industria y población cuenten con un sistema energético renovable que la haga más competitiva. “Y no podemos perder el tren de las fuentes limpias, ya que en última instancia se trata del tren de la energía y, por tanto, de la industrialización y desarrollo de Galicia”, advierte.
Galicia posee alrededor de 3.800 MW eólicos instalados y es la cuarta comunidad autónoma por potencia, pero sigue importando casi un 75 % de energía primaria procedente de combustibles fósiles contaminantes, y actualmente en un proceso de electrificación. En los últimos veintisiete años, Galicia siempre ha destacado por haber hecho un desarrollo eólico ejemplar, ordenado y sostenible, subraya EGA. El sector, que aporta el 1% al PIB gallego, mantiene más de 5.500 empleos; “pero hoy están en peligro otros 2.500 nuevos empleos de calidad a corto plazo, y miles de puestos en otras actividades industriales derivadas de la construcción de estos nuevos parques, es decir, el futuro económico e industrial de Galicia”, según añade la entidad. De hecho, otras organizaciones empresariales y sindicatos han manifestado su “máxima preocupación” ante estas consecuencias y el escenario que se avecina.
“Por tanto, desde EGA, nos cuesta entender que algunos colectivos contrarios a las energías renovables, y en particular a la energía eólica, logren dilatar o aplazar sin fecha proyectos amparándose en un supuesto interés general, cuando la producción de energía obedece a un interés general público superior, no reconocido. Esto nos puede llevar a una arcadia industrial, una nueva emigración y la huida de capital inversor a otras comunidades autónomas o países limítrofes, como ya está ocurriendo”, advierte la Asociación Eólica de Galicia.