La Asociación Eólica de Galicia no se sorprende, pero nos llena de perplejidad la paralización de otros siete parques por parte del TSXG, que suman ya una cuarentena, todos con la preceptiva declaración ambiental favorable y el permiso de construcción. El tribunal gallego viene a decir que los procedimientos e informes realizados por la Administración gallega son ilegales.
El consumo eléctrico en Galicia ha caído un 36 % en los últimos cuatro años, un dato revelador del empobrecimiento industrial al que estamos sometidos. Las sucesivas paralizaciones judiciales –que contradicen la resolución de otros tribunales autonómicos y la del Tribunal Supremo–, unidas a la cuestión prejudicial que ha planteado el TSXG al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alargarán unos dos años más el estancamiento y el marasmo del sector energético. Las dramáticas consecuencias de esta coyuntura implican la pérdida del acceso y conexión a la red eléctrica de los parques suspendidos, abocando a Galicia al aislamiento industrial.
Mientras otras comunidades autónomas, USA, UK, Alemania, China… atraen empresas y proyectos, aquí se inmoviliza el desarrollo limpio y renovable en plena Transición Energética. No acabamos de entender por qué una energía verde, autóctona y renovable, que se está desplegando en el resto de las autonomías, supone el mayor riesgo ambiental que sufre Galicia. ¿Cómo pueden prevalecer informes escuetos y reducidos sobre tramitaciones complejas y exigentes, amparadas en informes rigurosos y extensos de consultores externos y organismos públicos, rubricadas por funcionarios de alto nivel, así como las correspondientes declaraciones de impacto ambiental?
Estamos ante la seguridad jurídica de que será imposible implantar ni un solo parque eólico en Galicia, con lo que las industrias y las inversiones seguirán huyendo, como el caso de Alcoa, cuya propiedad ya ha puesto en venta la planta de San Cibrao. Galicia acabará convirtiéndose en una comunidad autónoma de servidumbres, más que de servicios. Es una tragedia.