Esta mañana celebró una junta directiva urgente para analizar la coyuntura actual y las consecuencias de una posible moratoria
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) señala que el desarrollo del sector es nulo. Si hoy no se construyen proyectos eólicos es porque no se dispone de las autorizaciones necesarias. La Administración autonómica está bloqueada, porque está volcada en sacar a información pública nuevos proyectos: Este año 2021 se publicaron 37 parques eólicos que suman más de 1.000 MW de potencia, a los que hay que añadir otros 31 de competencia estatal que suman más de 2.500 MW. Es decir, los recursos administrativos no están enfocados hacia la construcción y puesta en marcha de nueva potencia eólica.
Siguiendo con el presente año, solo se han puesto en marcha unos 50 MW correspondientes a permisos de años anteriores; y por otra parte se han otorgado 98,35 MW de potencia procedentes de cinco autorizaciones. Y no nos consta ninguna autorización administrativa de evacuación. En cuanto a tramitación ambiental este mismo año, se han emitido cuatro declaraciones de impacto por 60 MW, a las que hay que añadir un informe ambiental de una línea de evacuación. Las cinco autorizaciones son el claro exponente de cuáles son los plazos de tramitación, porque de los cinco proyectos, el que tuvo la tramitación más corta tardó tres años y ocho meses, mientras que el más largo en tramitarse llegó a casi once años desde la fecha de solicitud. Y cuando un parque obtiene su autorización, necesita iniciar un nuevo trámite de modificación, ya que los modelos de aerogenerador quedaron obsoletos debido al tiempo transcurrido.
Esta es la realidad de la tramitación eólica en Galicia y también la razón del elevado número de expedientes actualmente. La cifra de nuevos proyectos y líneas de evacuación es escasa, y por otra parte el tiempo de tramitación es enorme, lo que obliga a retramitar los pocos proyectos que se autorizan. Y, a pesar de ello, se siguen sacando a información pública nuevos proyectos, circunstancia que conduce al cuello de botella de los trámites oficiales.
A esto hay que unir la falta de coordinación entre Xunta y Ministerio: el Ministerio está avanzando en la tramitación de proyectos que la Xunta defiende que no se ajustan a la normativa autonómica. Además, se tramitan en paralelo, ante Xunta y Ministerio, y son proyectos que se solapan en los mismos emplazamientos. Esto supone, entre otros muchos perjuicios, malgastar recursos públicos y dedicar esfuerzos a informar negativamente proyectos, en lugar de informar los proyectos viables. Por este motivo se impone coordinación entre las Administraciones.
Esta situación abocará a un gran número de proyectos a perder sus permisos de acceso por incumplimiento de los plazos previstos en el RDL 23/2020. Es decir, las empresas han planteado proyectos para avanzar hacia un modelo energético sostenible, y, sin embargo, pueden perderlos porque la Administración exige el complimiento de hitos administrativos y al mismo tiempo es incapaz de avanzar en la tramitación para que se puedan cumplir de dichos hitos.
La realidad es que no se está ejecutando ningún parque y parece que el escenario para el año próximo será el mismo. La desaceleración del sector supone una afectación directa de la actividad industrial en Galicia. Ya se ha destruido un millar de puestos de trabajos de los más de siete mil que había antes de la pandemia, cuando el desarrollo renovable debe ser una potente herramienta de recuperación económica. La transición energética precisa acciones de reactivación, no de freno. Y, por supuesto, se genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Este no es el camino.